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El sector privado marítimo-portuario y relacionados en la actividad en México rechazaron la iniciativa que presentó un grupo de diputados del partido Morena para transferir funciones que hoy se encuentran en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al ámbito castrense de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, hecha pública en la Gaceta Parlamentaria del pasado 3 de octubre, los diputados establecen que desde 2017 que la Semar ejerce la Autoridad Marítima Nacional se generó una mejora administrativa en los trámites que se prestan a la comunidad marítima por las Capitanías de Puerto y la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, entidad creada luego de un Decreto presidencial en 2016.

En ese sentido, sostienen que se reforzó el ejercicio de inspecciones en materia de seguridad y protección marítima para cumplir con los requerimientos establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo, trámites como otorgamientos de permisos para embarcaciones mayores y de extraordinaria especialización, así como el Registro Público Marítimo Nacional, permanecieron en el ámbito de competencia de la SCT, lo cual crea vacíos legales en materia de seguridad y protección portuaria, previendo que esto pueda afectar la seguridad de los puertos y como consecuencia, el desarrollo del comercio marítimo nacional e internacional.

De este modo, los diputados observan que se ha dificultado el ejercicio eficiente de la Autoridad Marítima Nacional al permanecer determinadas funciones relacionadas con la protección y seguridad marítima en la SCT, así como la ambigüedad de las leyes y reglamentos en materia de seguridad y protección portuaria, por lo que resulta necesario concentrar todas estas atribuciones en la Semar, a fin de estar en total posibilidad de responder a las exigencias que el país y la comunidad marítima requieren en la materia.

Sin embargo, la iniciativa privada en México observa lo contrario, desde la perspectiva del Consejo Marítimo Portuario de México (Comport), que aglutina a la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP), la Asociación Mexicana de Armadores de Remolcadores (Asomar), la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) y la Asociación Mexicana de Industriales de Servicios a Buques (Amisbac).

    “La opinión de Comport es negativa. Nosotros pensamos que la SCT ha hecho una buena labor en administrar los puertos y la marina mercante mexicana, y que la Secretaría de Marina tiene mucho trabajo que hacer todos los días como para además encargarse de todos los temas que son meramente administrativos, comerciales y civiles. Hay que recordar que desde 1976 se reconoció que México vivía tiempos de paz y era momento de considerar a los puertos desde el punto de vista comercial y a partir de entonces pasaron de la Semar a la SCT y ha venido un aumento en la actividad importante, que tuvo un impulso cuando nos abrimos al mundo y los números no nos dejan mentir”, enfatizó Fernando Ramos Casas, Presidente del Comport.

En entrevista con T21, detalló que lo anterior debe mencionarse toda vez que más del 50% de la recaudación que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el país por operaciones de comercio exterior provienen de la actividad portuaria; este año se van a superar 300 millones de toneladas de carga operadas en los puertos y se superarán siete millones de contenedores.

    “(La Semar) ya tiene las Capitanías con carga administrativa y es un tema importante, hay una iniciativa para devolver las Capitanías a la SCT porque hay una preocupación del sector. A partir de que la Marina toma el control de las Capitanías de Puerto obviamente sí hemos enfrentado problemas en algunos puertos, lentitud en la operación. Y un poco tiene que ver con la lógica de las fuerzas armadas y funciones castrenses que en la práctica da tener autoridades poco flexibles y que no toman en cuenta una serie de problemáticas que se dan todos los días en los puertos y en las que se tienen que tomar decisiones permanentes e inmediatas”, consideró Ramos Casas.

Lo anterior, en perspectiva del empresario, se torna relevante debido a la incertidumbre que diferentes notas periodísticas han generado en el sector marítimo-portuario sobre una posible transferencia también más adelante de las atribuciones administrativas de los puertos de la SCT hacia la Semar, lo cual se ha venido comentando en medios desde el sexenio pasado.

    “Hay que recordar una cosa, de los más de 170 países que integran la OMI, solo 11 sus puertos están controlados por militares y de esos la mitad fueron dictaduras militares. Hay una evidencia a nivel internacional de que los puertos deben de ser operados por autoridades civiles y lo es más en la relación que tenemos con nuestros socios comerciales cuyas autoridades civiles e incluso privados son quienes administran los puertos. Ya hay un enramado jurídico-operativo para garantizar la seguridad, si enfrentamos temas de inseguridad no es en los recintos portuarios sino en las ciudades donde se ubican, pero eso tiene que regirse bajo la óptica de seguridad con la presencia de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales”, sentenció Fernando Ramos.

Bajo este escenario, agregó que la ruta a seguir será comenzar a dialogar con los diputados que presentaron la iniciativa pero, sobre todo, “convencer al Ejecutivo de que está mal y que diputados y senadores hagan un análisis profundo de este tema y que no confundan las cosas”.

    “Queremos llamar la atención porque consideramos que no se está tomando el rumbo correcto y es importante que escuchen al sector privado en estos temas. A los inversionistas extranjeros no les gusta escuchar que las autoridades portuarias van a estar directa o indirectamente involucradas con los militares en los puertos”, finalizó.

Esta iniciativa fue presentada por Julio Carranza Aréas, Idalia Reyes Miguel, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Laura Patricia Avalos Magaña, Teresa Burelo Cortazar, Lucio de Jesús Jiménez, María Bertha Espinoza Segura, Jesús Fernando García Hernández, Edith Marisol Mercado Torres, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Maximiliano Ruiz Arias y Juanita Guerra Mena, diputados de Morena.

 

Fuente: T21.

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