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A casi un mes de que entre en vigor el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el sector privado del país pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores impulse reformas en materia de exportaciones, derechos de autor, propiedad intelectual, entre otras, para cumplir con los compromisos adquiridos.

En una carta dirigida a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, solicitó que sean discutidos en la cámara alta modificaciones al marco regulatorio vigente en la Ley Federal de Derechos de Autor, el Código Penal sobre grabaciones no autorizadas, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas a la Ley Aduanera, Ley Federal de Variedades Vegetales, Ley de Infraestructura de la Calidad, así como una nueva normatividad en materia de Propiedad Industrial.

Salazar Lomelín consideró que es importante realizar las reformas al marco jurídico vinculado al T-MEC, para cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano con sus dos socios comerciales.
El CCE consideró que los cambios en los ordenamientos jurídicos son de gran relevancia para la actividad productiva, por lo que pidió sean tomados en cuenta los puntos de vista y las propuestas del sector privado aunque los plazos de análisis puedan ser reducidos.

Destacó que para atender la contingencia de salud del COVID-19, el sector privado ha tenido que detener prácticamente todas las actividades del país, por lo que ahora el reto económico “autoinflingido se ha tornado en una crisis de dimensiones inimaginables”.

Ante ello, la entrada en vigor del T-MEC a partir del 1 de junio, puede convertirse en una nueva etapa de certidumbre jurídica y reglas claras que apoyará el crecimiento de México.

El organismo del sector privado reconoció la apertura que las comisiones dictaminadoras del Senado han manifestado para tratar la Ley de Infraestructura de la Calidad

Concluyó al reiterar la disposición de los organismos que integran al CCE para profundizar en los argumentos presentados, pues buscan construir una legislación equilibrada, que fortalezca la certidumbre jurídica y favorezca el desempeño de la economía nacional.

Fuente: La Jornada.

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